El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona aceptó a trámite la denuncia
del matrimonio Becerra contra Aspasim. El magistrado ha ordenado a los
Mossos d'Esquadra que investiguen si dos directivos del centro, su
presidente Efren Carbonell y la encargada de los servicios
residenciales, son responsables de los delitos de estafa y apropiación
indebida.
Según la denuncia, la familia Becerra considera que el centro se ha
quedado con 30.399 euros que pertenecen a su hijo, ya que los recibía de
una subvención de la Generalitat. Destacan que Xavier, que tiene
diagnosticado un 81% de discapacidad, fue expulsado en diciembre de 2012
y la entidad siguió cobrando más de 3.000 euros mensuales por parte de
la Administración por hacerse cargo del interno y que esta situación duró supuestamente hasta septiembre.
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