El Partido Popular ha
impuesto su mayoría absoluta en la Comisión para las Políticas
Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, vetando la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario de CiU, en la que se pedía que las personas que
tengan reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o
superior al 33%, sean beneficiarias del bono social eléctrico.
Para CiU una de las
consideraciones que ha de tenerse en cuenta al contemplar la
discriminación que sufren las personas con discapacidad es el
sobrecoste que habitualmente suponen las situaciones de discapacidad.
Las personas con
discapacidades que precisan más apoyos tienen, a menudo, serias
dificultades para desplazarse de forma autónoma, manipular objetos o
comunicarse. Así pues las prestaciones y productos de apoyo (ayudas
técnicas como sillas de ruedas eléctricas) que suplen estas
dificultades suponen un coste de inversión para la persona en
cuestión, no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas
existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la
discapacidad.
