Agentes de la Policía Nacional han liberado a una mujer, que estaba
siendo explotada sexualmente. La víctima tenía reconocida una
discapacidad psíquica por parte de la Junta de Andalucía, y recibía
fuertes palizas y amenazas de muerte si se negaba a realizar los
servicios con los clientes, retirándole incluso la prestación pública
que percibía por su discapacidad. Se ha detenido
a 15 personas como miembros de una red dedicada a delitos de trata de
seres humanos, prostitución coactiva y el tráfico de drogas.
Las investigaciones comenzaron en marzo del presente año cuando una
mujer, que tenía reconocida una discapacidad psíquica por parte de la
Junta de Andalucía, denunció ante la Policía Nacional que estaba siendo
explotada sexualmente por parte de una ciudadana rumana en un club de
alterne de la localidad cordobesa de Palma del Río (Córdoba), recibiendo
fuertes palizas si se negaba a realizar los servicios con los clientes.
La víctima manifestó que estaba en esta situación desde hacía dos meses, siendo obligada a trabajar todos los días de la semana desde las 20:00 horas hasta la madrugada, retirándole el dinero pagado por los clientes inmediatamente, su documentación personal y el teléfono móvil para que no pudiera escapar. Sus captores le quitaban todos los meses la prestación pública que percibía por su minusvalía, siendo igualmente amenazada constantemente de muerte, así como golpeada, cuando no hacía lo que se le indicaba.
Las investigaciones posteriores llevaron a descubrir la existencia de una organización criminal jerarquizada, liderada por un hombre de nacionalidad española, que captaba a sus víctimas aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o de exclusión social que tenían, o en el caso de la denunciante de su situación de discapacidad.
La víctima manifestó que estaba en esta situación desde hacía dos meses, siendo obligada a trabajar todos los días de la semana desde las 20:00 horas hasta la madrugada, retirándole el dinero pagado por los clientes inmediatamente, su documentación personal y el teléfono móvil para que no pudiera escapar. Sus captores le quitaban todos los meses la prestación pública que percibía por su minusvalía, siendo igualmente amenazada constantemente de muerte, así como golpeada, cuando no hacía lo que se le indicaba.
Las investigaciones posteriores llevaron a descubrir la existencia de una organización criminal jerarquizada, liderada por un hombre de nacionalidad española, que captaba a sus víctimas aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o de exclusión social que tenían, o en el caso de la denunciante de su situación de discapacidad.
